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El anuncio y la puesta en marcha, por parte del presidente Nicolás Maduro, de un control sobre los precios de los productos importados, como medida para combatir la especulación, tuvo como consecuencia estallidos de violencia y desorden en diferentes ciudades del país. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 9 y el 11 de noviembre se registraron nueve saqueos y 30 intentos de saqueo en distintos comercios.
Los saqueos se dan ante la subida de precios y la escasez de productos importados. El argumento del Gobierno para imponer controles a los precios es que los artículos importados deben liquidarse al consumidor a la tasa de cambio oficial, de 6 bolívares por dólar, y no a la del mercado negro de hasta 63 bolívares por dólar, que es la usada por la mayoría de los comerciantes para pagar las importaciones.
La mayoría de los análisis coinciden en que las medidas de reducción de precios y el poco control de las autoridades ante la situación de orden público están relacionados con la necesidad del Gobierno de atender el descontento socioeconómico en vísperas de las elecciones del 8 de diciembre, en las que las alcaldías y los concejos municipales del país estarán en juego.
La atribución de tareas de orden público a diferentes entidades estatales y grupos paraestatales que no son competentes en materia de seguridad ciudadana —ya que involucran la militarización y la atribución de facultades para ejercer la violencia contra civiles—, no sólo demuestra una falencia del Estado venezolano como garante de la seguridad, sino que se vuelve un riesgo potencial para el escalamiento de la violencia que las tensiones y desórdenes causan.
Ante esta problemática, el control para evitar enfrentamientos y mantener el orden lo deben ejercer formalmente dos entidades: la Guardia Nacional (GN) y las policías. La Guardia Nacional es una entidad de carácter militar que está encargada del mantenimiento del orden interno del país, por lo que se encuentra facultada para actuar en casos como los saqueos que se registraron hace unos días.
Las diferentes policías venezolanas —la nacional, las de cada estado y las municipales— son de carácter civil y tienen funciones de preservación del orden público y garantía de la seguridad ciudadana.
Ambas entidades han demostrado debilidades al enfrentar situaciones como las que se presentaron el fin de semana pasado. Tales falencias no son coyunturales sino estructurales: la falta de capacidad operativa, de recursos y de legitimidad de las policías queda en evidencia por el aumento de la inseguridad y la violencia en el país en los últimos 11 años. En cuanto a la GN, el nivel de alineación con el oficialismo, más allá de lo concerniente a sus funciones, y los sistemáticos abusos de la fuerza para la represión de manifestaciones son el principal obstáculo. Adicionalmente, las policías y la GN se traspasan en sus funciones y han demostrado no tener la capacidad suficiente de coordinación.
A esta problemática se suma el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de las milicias en el mantenimiento del orden, sin que tengan competencias institucionales para actuar en materia de seguridad ciudadana. Incluso si las tuvieran, tampoco resulta conveniente que actúen en casos de restablecimiento del orden civil. Vale la pena examinar este último punto en detalle: a lo largo del gobierno del fallecido presidente Chávez y del actual presidente Maduro, las Fuerzas Militares se han involucrado en diferentes ámbitos fuera de su competencia constitucional y funcional.
La militarización de la seguridad pone en riesgo las garantías de los ciudadanos y los expone al uso desproporcionado de la fuerza y a enormes riesgos, dada la capacidad de fuego mayor a la requerida para manejar situaciones de orden público. Las milicias populares, creadas en el gobierno anterior y potenciadas en el actual, son grupos de civiles que se encuentran armados, creados en pro de la “defensa de la nación” y que carecen de controles sobre su accionar. El fin de semana el presidente llamó a la activación de estas milicias para controlar la situación y llevar a cabo su “guerra económica”. Aquí se involucra a los civiles en la ejecución de una función del Estado: garantizar la seguridad a través del monopolio del uso de la fuerza. Esto sin ejercer control operativo y de legalidad.
Este es el mayor riesgo: las milicias son volátiles, no responden a un entrenamiento, no tienen control ni una jerarquización que garantice la ejecución de la operatividad, como sí lo tienen los órganos estatales encargados de la seguridad.
El llamado a activar este tipo de grupos es un ejemplo de cómo en la práctica se implementa la premisa de la alianza cívico-militar que promueve la ideología bolivariana. En materia de seguridad, esta alianza se vuelve más riesgosa. La línea entre la autoridad y el ciudadano es difusa; el uso de la fuerza por parte de civiles contra civiles dificulta más esta relación de la autoridad como garante del orden y la justicia.
Las medidas tomadas para solventar la crisis económica no apuntan a una mejora. Al contrario, abren la posibilidad de que la situación se mantenga o empeore. Esto, sumado a la fragilidad institucional en materia de orden ciudadano, es la combinación perfecta para que explote la bomba de tiempo en Venezuela y se desaten conflictos sociales violentos a mayor escala.
* Investigadora de Cerac.